La proposición de Ley de Concordia presentada por PP y VOX en las Cortes de Castilla y León ha sembrado la polémica tanto a nivel regional como nacional cuyo contenido sustituirá al Decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera.
Se cumple así uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que la Junta espera que sea aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.
El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) no descarta pedir amparo al Tribunal Constitucional para evitar que esta ley prospere, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Una oposición apoyada por el partido a nivel nacional que ha calificado como una «auténtica aberración» que se salta la ley de concordia que ya tiene España y que «se llama Constitución Española».
Desde Ferraz aseguran que la proposición de Ley «rompe todos los consensos de la Transición, blanquea al franquismo e iguala a las víctimas de la dictadura con sus verdugos».
En este sentido, la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha anunciado en comparecencia de prensa que su partido trabajará de la mano con el resto de formaciones políticas, sindicatos y asociaciones de la memoria histórica para crear un «dique de contención» a una proposición de ley con la que se intenta «legitimar la dictadura franquista».
Fernández Carriedo «por supuestos que condenamos la dictadura franquista»
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ambos del PP, han defendido la proposición de ley presentada. Piden no mirar «tanto» la parte expositiva de la proposición de Ley de Concordia presentada por el PP y Vox, donde se suprime la palabra «dictadura» al referirse al Franquismo sino fijarse más en el articulado.
En este sentido, Carriedo asegura que desde la Junta de Castilla y León «por supuestos que condenamos la dictadura franquista» yexplica que la proposición de ley busca «la concordia y huir del frentismo», que sí observa en la normativa estatal sobre Memoria Democrática «inspirada por Bildu».
Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), ha expresado en su cuenta de la red social X que los socialistas están «totalmente desautorizados para hablar de concordia mientras premia a delincuentes sediciosos y prepara el próximo golpe de Estado desde el Palacio de La Moncloa».
«Negacionismo legislativo» según la ARMH
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) , ha expresado igualmente su rechazo a esta nueva norma y su presidente, Emilio Silva Barrera ha presentado un escrito al respecto en el registro de las Cortes de Castilla y León.
Silva Barrera, que es nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado en España por una prueba genética, ha calificado de «negacionista» el texto presentado por el Partido Popular y Vox.
Critica el artículo 4.4. de la propuesta, en el que se prohíbe revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas y sus familiares. Para el presidente de la ARMH, obedece al deseo de «ejercer censura sobre las exhumaciones y las reparaciones a las víctimas para ocultar la identidad y los hechos de los verdugos. Un texto que podría haber firmado el dictador Francisco Franco». «Un intento por seguir escondiendo la historia y mantener el honor de los verdugos» denuncia.
